Según ha anunciado el Periódico de Ibiza (https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2024/03/25/2131257/ibiza-detectives-consell-fiestas-ilegales.html), el Consell d’Eivissa ha anunciado la apertura de un proceso de licitación para contratar a dos inspectores encargados de investigar fiestas ilegales en la isla, con un presupuesto de 42.840 euros (sin incluir el IVA). Esta medida representa el cuarto verano consecutivo en el que la institución insular recurre a investigadores privados para abordar el problema de las fiestas ilegales en la región.
La situación de emergencia provocada por la pandemia de coronavirus llevó al cierre del sector del ocio, lo que desencadenó un aumento en la celebración de fiestas ilegales en propiedades rurales. En respuesta a esta situación, en agosto de 2021, el Consell d’Eivissa implementó un plan piloto mediante la contratación de detectives con el objetivo de disuadir a los organizadores de tales eventos. Estos eventos ilegales podían ser objeto de persecución tanto por infracciones a la normativa de salud pública durante la pandemia como por violaciones a la Ley de Actividades.
En vista de la solicitud de los ayuntamientos de la isla, el Consell d’Eivissa continuará su campaña contra las fiestas ilegales mediante la contratación de estos investigadores privados. Se espera que estos inspectores colaboren estrechamente con las fuerzas de seguridad en casos relacionados con delitos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana. Además, durante la temporada pasada, los detectives lograron infiltrarse en 33 fiestas ilegales en Ibiza.
Con respecto a las sanciones, el cambio normativo aprobado a finales de 2021 establece que todos los responsables de la organización de estas fiestas ilegales, incluyendo organizadores, propietarios de viviendas, promotores, DJ y participantes, son susceptibles de multas que van desde los 100.000 hasta los 300.000 euros.
Estas fiestas ilegales suelen tener lugar en villas apartadas de los núcleos urbanos y se accede a ellas a través de contactos, amigos, grupos de WhatsApp y páginas web. El precio de las entradas varía según el tipo de evento y puede oscilar entre los 20 y los 150 euros, con o sin consumición. Para evitar ser detectados, los organizadores suelen exigir el pago en efectivo o con tarjeta, evitando el uso de Bizum.
Por otro lado, como parte de las medidas para este verano, se está elaborando un plan de inspección a nivel insular para combatir el intrusismo en el transporte. Este documento servirá como guía para identificar las áreas de mayor incidencia y establecer protocolos jurídicos claros para la detección y denuncia de infracciones, según ha explicado el director insular de Transportes, Roberto Algaba.